Indepabis encuentra “refugio” en San Cristóbal

Ocupa temporalmente el complejo “Mi refugio” por presunta estafa inmobiliaria

     


El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) procedió con la ocupación por 90 días del complejo urbanístico Mi Refugio, edificado por la empresa Tecnología Constructiva C.A (Teconca) en el estado Táchira y sobre la cual existen 22 denuncias de afectados por estafa inmobiliaria.

La medida de protección del desarrollo habitacional, ubicado en el sector La Machiri del municipio San Cristóbal, la capital tachirense, está respaldada por la providencia administrativa 545, emitida por el Indepabis el 26 de enero de este año, tras una investigación en la cual participaron representantes de la comisión evaluadora de la Asamblea Nacional (AN) y del Indepabis, así como algunas de las víctimas.

El director del Indepabis en Táchira, Oscar Andrade, explicó que, luego de indagar durante varios meses, constataron que Teconca incurrió en irregularidades como el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando éste fue eliminado por el Gobierno Nacional, la venta de viviendas que ya habían sido adjudicadas y especulación con respecto al verdadero valor del inmueble, entre otras.

El funcionario manifestó que “estamos realizando una inspección, conjuntamente con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Defensoría del Pueblo, para conocer la situación legal de los 112 apartamentos, es decir, si están bajo la figura del comodato, alquiler, compra-venta, si tienen algún comprobante de pago o si fueron registrados, con el objeto de resguardar los derechos de quienes están habitándolos”.

Añadió que “durante los 90 días de ocupación temporal, la constructora deberá explicar cada uno de los casos y responder ante el Indepabis por las estafas producidas a las víctimas para sincerar la situación actual de los inmuebles y determinar las posibles soluciones por parte de la empresa”.

Por su parte, Alex González, uno de los afectados por esta constructora, relató que en el año 2004 vendió su apartamento tipo estudio para adquirir un inmueble en el complejo habitacional Mi Refugio, por el cual inicialmente canceló 50 mil bolívares, ya que el costo total era de 80 mil bolívares.

Explicó que a finales de 2008 “la empresa me participó que los apartamentos serían entregados, pero que el valor se había incrementado a 123 mil bolívares, por ello decidí cancelarlos para no perder el dinero que había entregado, sin embargo, unos meses después la vivienda tenía un costo de 173 mil bolívares, debido al supuesto incremento de los materiales de construcción”.

Asimismo, acotó que “después de que la empresa me informó sobre esta situación, vendieron mi vivienda, a través de una inmobiliaria, en 360 mil bolívares. Otros (apartamentos) fueron alquilados y adjudicados en comodato”.

González manifestó que su aspiración es que el Estado continúe haciendo justicia, ya que no se puede permitir que las constructoras usen miles de subterfugios para hacerse del dinero de los venezolanos y de manera arbitraria eliminar los contratos unilateralmente, incluso violando el derecho a la defensa.

AVN


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