La Nueva Ley de Inquilinato, con todos los juguetes

Hasta 400 UT en multas estarían tipificadas para los propietarios que incumplan las normas

     


El proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos, presentado por la Red de Inquilinos a la Asamblea Nacional, propone multas de 100 a 400 unidades tributarias (de 7.600 a 30.400 bolívares, al valor actual del indicador) para los propietarios de inmuebles que incumplan la norma.

La pena máxima de 400 unidades tributarias será para los dueños que cobren alquileres superiores a los fijados por la Dirección Nacional de Inquilinato o condicionen la suscripción del contrato de alquiler a la compra de bienes muebles que se encuentren en el área que se pretende arrendar.

También recibirán esta sanción los propietarios que, al vender el inmueble al inquilino, no apliquen los porcentajes de descuento establecidos en el proyecto de ley por el tiempo de la relación arrendaticia y por la fecha de construcción (en el caso de edificios para alquiler).

Los dueños que incumplan la prohibición de publicar anuncios de viviendas en alquiler en los cuales se exija a los potenciales inquilinos condiciones como no tener niños y ser extranjeros, u otras consideradas discriminatorias, serán castigados con 300 unidades tributarias (22.800 bolívares).

La multa para los propietarios que no informen a la Dirección Nacional de Inquilinato sobre los contratos de arrendamiento vigentes ­en un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la ley, según la propuesta­ será de 200 unidades tributarias o 15.200 bolívares.

La sanción mínima de 100 unidades tributarias (7.600 bolívares) se aplicará a quienes alquilen viviendas adjudicadas por el Gobierno o no sometan el contrato de arrendamiento a la jurisdicción donde se encuentra el inmueble.

Para los inquilinos sólo se proponen multas de 30 unidades tributarias, o 2.280 bolívares, en los casos de que no garanticen el uso apropiado de la vivienda y subarrienden o traspasen el inmueble sin autorización del propietario.


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2 comentarios »

Dice el pueblo en su saber que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Hago este preámbulo para analizar como “abogado del diablo” el proyecto de ley de inquilinato que los diputados socialistas adelantan en la Asamblea Nacional.
A simple vista pareciera que la ley en cuestión es “absolutamente” positiva y llena de justicia, pero si la analizamos en profundidad, tomando en cuenta todos los aspectos del acto de arrendamiento de un inmueble para ser utilizado como vivienda familiar, en el rango establecido en ese proyecto de ley (inmuebles cuyo costo sea de hasta mil doscientos salarios mínimos) entonces podemos percibir que esta ley favorece absolutamente a una sola de las partes contratantes (el o la arrendatario/a mientras) mientras que la otra (la del o la arrendador/a) cae, en la practica, en una injusta indefensión jurídica.

Pareciera que el legislador considera que cualquier propietario/a de una vivienda para alquiler es un “monstruoso depredador capitalista” que está explotando de manera inmisericorde a una pobre victima, cuando en realidad ambos sujetos de esta ley son ciudadanos de Venezuela que merecen equidad en la justicia.

Generalmente quien posee un bien y lo alquila requiere de ese pago mensual para mantener a su familia. Por el o la propietario/a que alquila una vivienda a una familia a una familia que la necesita, está paliando un deber del estado y del gobierno nacional, como lo es el mandato constitucional de dotar de una vivienda digna a todas las familias venezolanas.

Luego, la ley permite que el o la arrendatario/a se atrase 4 meses para empezar un largo y tortuoso camino de “audiencias conciliatorias”, antes de comenzar otro mas largo y mas tortuoso camino de audiencias judiciales, en las que el juez de la causa debe, antes de entra en materia, comenzar a realizar otra serie de audiencias “conciliatorias”, hasta que por fin tome la decisión final, y si el o la arrendatario/a no tiene donde irse el gobierno le proveerá de un refugio provisional, mientras tanto el o la arrendador/a carece del sustento familiar que esta precisamente en el cobro del canon de arrendamiento, sin que nadie le responda por ello, ni se le garantice el sustento familiar.

Lo justo seria que si una persona no puede, por alguna razón, seguir cancelando un alquiler determinado, sin mucho tramite judicial y sin tanto engorro “conciliatorio” que no le va a resolver el problema económico al o la arrendatario/a”, el estado asuma de una vez la responsabilidad que le asigna la constitución, provea de una vivienda digna a esa familia o en su defecto, le asigne el refugio provisional mientras le resuelve el problema, sin necesidad de “victimizar al o la propietario/a del inmueble.

Esta solución inmediata le ahorraría a la nación venezolana una gran cantidad de dinero en engorrosos procesos judiciales y no cargaría injustamente sobre los hombros de otra familia venezolana una responsabilidad que es exclusiva del estado, a quienes lejos de victimizar el estado debería apoyar, por ejemplo: exonerando del pago de impuesto sobre la renta, subsidiando al propietario anualmente lo que corresponde a la tasa de inflación anual para que no sea recargada sobre los o las inquilinos/as, convirtiendo el acto de arrendamiento de inmuebles del rango establecido en el proyecto de ley en una acción de justicia e interés social, de manera que el gobierno tenga la autoridad moral para que, en caso de imposibilidad de pago por parte del o la inquilino/a, el gobierno pueda inclusive designar como “refugio provisional” el mismo inmueble ocupado por esa familia, asumiendo el gobierno el pago del canon de arrendamiento hasta tanto le resuelva de manera definitiva el problema de dotar de vivienda digna a esas familia venezolana, eso si seria una solución inscrita en la equidad socialista.

Otro aspecto donde los y las arrendadores/as se sumarian a una injusta regulación que ya viven los choferes del transporte publico (“por puestos” y autobuses) es aquella en la que toda la cadena de comercialización puede y aumenta los precios de los productos que venden como les da la gana, llevando la especulación y la inflación a cifras exorbitantes, mientras que arrendadores/as están severamente penalizados en ese proyecto de ley si se atreven a calcular el canon de acuerdo a los niveles de la inflación anual. Penalizaciones que nunca se han aplicado a los comerciantes verdaderamente inescrupulosos, saboteadores de la economía, acaparadores y usureros que actúan con absoluta impunidad

Para terminar hay que señalar, que este proyecto de ley es “populista y emocional” pero carece del espíritu socialista, porque lejos de resolver el problema de las familias que viven en alquiler, lo va a agravar y va a producir un inmenso malestar contra el gobierno nacional.

Si bien es cierto que algunas familias que viven en condición de alquiler (las minorías que están en situación de mora) aplaudirán esta Ley, la inmensa mayoría va a sufrir las consecuencias de verse arrojados a la calle (estén al día o no) con o sin audiencias “conciliatorias”, porque los y las arrendadores/as preferirán cerrar sus viviendas o apartamentos antes que alquilarlas en las condiciones de desventajas jurídicas que el proyecto de ley les plantea.

En la practica el “remedio es peor que la enfermedad”, el descontento, tanto de las familias desalojadas “POR LAS BUENAS”, como de las familias que viven del arrendamiento de inmuebles será canalizado por la oposición en un año electoral crucial para el proceso revolucionario.

Posteado por Jose manuel a las 3:34 PM, 9 de Marzo 2011

excelente comentario por jesus manuel. expresa un sentimiento natural y efectivamente los que no tienen vivienda y viven o viviran alquilados, sufriran los efectos de la ley.por favor sres de la asamblea por el bien, de los que nada tienen, y por el bien de los que tienen algo no promulguen esta ley. todos somos ciudadanos de la patria, y nos es culpa
de los que tienen algo, que hayan otros ciudadanos que no hayan hecho nada, para tener algo.hay jefes de familia que tienen hasta 30 años de matrimonio y nunca han hecho ningun esfuerzo por tener algo, o quieren vivir en caracas y cerca de todo y en terreno plano sin ningun costo. tiene que venirse al interior, a los llanos a bolivar, en apure sobra terreno, palma, madera y bejuco, sin costo economico, solo con trabajo se hace un rancho de bahareque, eso por un lado, pero por otro, es mas facil encontrar vivienda del estado en el interior, o la banca privada,pero hay que pagarla, no hay rancho gratis, lo gratis es la gasolina y mercal.el estado tiene que dejar el populismo, dar una mejor educacion, y el que no tenga la posiblidad economica, que viva de acuerdo a lo que ha logrado hacer en la vida, no pensando en usufructuar de los ajeno, porque los demas tengan y el no tenga,que mire lo que ha hecho en la vida, para tener la vida que tiene, todos tenemos, lo que hemos hecho en la vida, para tener lo que tenemos, ni mas ni menos.todos tenemos derechos y deberes, y el estado debe proteger a los que nada tienen, a los que tienen algo, mediano y a los que tienen mucho, lorenzo mendozo,tiene tanto derecho de seguridad y proteccion de sus bienes, como los tiene el mas humilde ciudadano de la patria.hacer justicia social no es quitarle al que tiene para darle al que no tiene, es apoyar al que no tiene,dandole educacion,facilitandole el credito a vivienda digna,mejores escuelas, mejores salarios,haciendo mejores vias de comunicacion al campo,haciendola vida en el campo segura y digna,para que no emigren a las ciudades y formar cinturones de miseria,escuelas tecnicas agropecuarias cerca de su zona de confluencia, propiedad de verdad de la tierra,que el estado se encarque de la salud y se ocupe de que los pobres sean menos pobres, pero exigiendoles tambien compromisos, que paguen los servicios de agua y luz, que los barrios tengan todos los servicios, pero iguaL cobrarles.

Posteado por bernabe a las 3:07 PM, 18 de Marzo 2011