La Ley Orgánica contra la delincuencia organizada, será instrumento para el terrorismo de Estado

Se trata de la Ley Sapo en otra versión

     


El diputado del estado Lara y jefe de la Fracción Parlamentaria de la Concertación Humanista, Eduardo Gómez Sigala, calificó la reforma a la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada como la materialización de un instrumento para el terrorismo de Estado.A propósito de iniciarse la segunda discusión del instrumento legal en la Asamblea Nacional, Gómez Sigala aseveró que se trata de una ley delicada, no solo por su contenido, sino por su mala técnica legislativa, así como también por su intencionalidad.

“Confunde los términos delincuencia organizada y terrorismo, utilizando a los Convenios Internacionales pero con interpretaciones a medias. Es un instrumento cuyo fin último es acabar con la disidencia e intimidar a la población, es un instrumento para perseguir al ciudadano y digo esto porque es una ley con una descripción muy amplia que no precisa y que de alguna manera trata de abarcar todos los delitos contemplados en el Código Penal y las leyes especiales”, dijo el parlamentario.

El artículo 13 referido al reporte de las actividades sospechosas establece, a juicio de Gómez Sigala, la obligación de delatar. “A partir de ahora todos los venezolanos tienen que denunciar a una institución que no es la Fiscalía General de la República sino la oficina que depende del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, cualquier acto que considere sospechoso, incluyendo aquellos que provienen de fondos lícitos.

Asimismo, establece que en el caso de los sujetos obligados deberán informar de manera expedita y que en ningún caso eso implicará sanción cayendo en contradicción luego al expresar en el siguiente párrafo que si no lo denuncia estará sujeto a multas que van de 500 a 1000 U.T.”.

“La norma establece que los sujetos obligados deben prestar especial atención a cualquier transacción, es decir, se trata de la Ley Sapo en otra versión, es una nueva interpretación actualizada de la modalidad de la denuncia”, puntualizó.

De acuerdo a Gómez Sigala el instrumento legal establece las penas más altas en un intento que, a su juicio, intenta generalizarlas sin tomar en cuenta el principio de la proporcionalidad que las mismas deben guardar respecto a las Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El diputado alertó a la ciudadanía pues, considera que la ley constituye una amenaza para el venezolano común por su carácter ambiguo y por la discrecionalidad con que puede ser aplicada. Señaló además que la creación de un organismo rector, dependiente del MIJ, colide con las funciones de la Fiscalía General de la República, garante de los derechos de los ciudadanos.

“Lo que queremos es que esta ley cumpla con el principio de la legalidad, es decir, que tenga la precisión, la norma y la sanción precisa. Por ejemplo, la ley vigente que fue aprobada por el sector oficial, establece precisión cuando habla de delincuencia organizada y esto es expresamente excluido”, aseguró.

Gómez Sigala indicó que el instrumento legal incluye penas que van de 25 a 30 años pero que además pueden contener agravantes que harían incrementarse, superando los 30 años que establece como límite la Constitución.

“La delincuencia en Venezuela, ni en ninguna parte, se ha resuelto incrementando las penas, eso es una equivocación, lo que hay que tener es el manejo del principio de la proporcionalidad y la posibilidad de la reinserción social del delincuente”, enfatizó.

Incorporación de la Fuerza Armada Bolivariana

El también jefe de la Fracción Parlamentaria de la Concertación Humanista, alertó sobre la incorporación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y a los cuerpos de Policía Nacional Bolivariana, así como también a todos los de seguridad e inteligencia a esta materia.

“El artículo 58 de la vigente ley que es la que quieren derogar, establece que el Ministerio Público creará una dirección contra la delincuencia organizada, dotada de un equipo técnico en investigación y análisis y eso lo eliminan. Dice que están bajo la tutela del MP pero le quitan los artículos por los cuales tiene que actuar, entonces esos organismos pueden recurrir al Juez de Control para que inicie una actividad, pueden hacerlo de forma paralela, simultánea y se le violan los derechos al ciudadano que se está investigando.

Este es el problema, la mala redacción. Yo estoy seguro que cuando esto lo revisen con mayor detenimiento se darán cuenta de las contradicciones, de las equivocaciones y de la mala política legislativa que se está aplicando en esta ley”.

“Esto que estamos viendo con este instrumento es lo que se denomina como el derecho penal del enemigo, aquí se está legislando para el contrincante, para el que está en la acera de enfrente, no se está legislando para el ciudadano sino para perseguir, intimidar y castigar. Este es el tipo de proyectos de ley que se manejan en años electorales”, dijo.

Gómez Sigala hizo referencia a recientes casos que, a su parecer, pudieron ser investigados con la ley vigente. “Han podido calificarse como delincuencia organizada delitos como los del caso Mackled, el caso Pudreval o PDVAL, el caso del azúcar en los Centrales Azucareros y no se hizo absolutamente nada”.

Finalmente se refirió a la modificación reciente de uno de los artículos del proyecto que define a las personas políticamente expuestas y que inicialmente incluía a venezolanos y extranjeros, circunscribiéndose ahora solo a los nacidos fuera del país. Asimismo, señaló la exclusión de las empresas del Estado entre las personas jurídicas que pueden ser sujeto de la ley.

“Por qué las personas jurídicas que pueden ser sujetos a estas actividades con exclusión del Estado y sus empresas. Ellos (oficialistas) sí se excluyen pero el resto de la sociedad está sujeta a esto. Algunos temores deben tener y eso ratifica la verdadera intencionalidad de esta ley”.

Prensa Eduardo Gómez Sigala | @CodigoVenezuela


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